Propone Coparmex CDMX iniciativa para que por ley los trabajadores presenten cartilla de servicio médico





* Sería una forma de provocar que la gente se cuide, fomentar una cultura del cuidado personal de la salud y así generar un mejor desarrollo humano; en jornada de salud con el Gobierno de la CDMX, el secretario de Salud Armando Ahued destacó la necesidad de influir en los niños
Angel Iturralde 

En el marco de la jornada "Salud para todos" que la COPARMEX CDMX realizó esta mañana en el Monumento a la Revolución conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México, el presidente del Centro Empresarial, Jesús Padilla Zenteno propuso la necesidad de generar una iniciativa de ley que obligue a las empresas y trabajadores para que éstos presenten cíclicamente su cartilla de atención médica como un mecanismo para impulsar el cuidado de la salud.
"Más allá de verlo meramente como un tema económico o de gasto gubernamental, estamos hablando de disfrutar una vida saludable y plena que nos permita desarrollarnos en aspectos profesionales, personales, laborales, familiares y de pareja", destacó el empresario, quien agregó: "implantar una cultura de la prevención en nuestra sociedad requiere un trabajo arduo, una labor que el doctor Armando Ahued Ortega viene desarrollando".
Al tomar la palabra en el evento, el secretario de Salud de la Ciudad de México destacó que el nuevo modelo de salud de la Ciudad de México, llamado "Salud para todos, la Ciudad de la Salud", prioriza la promoción, la prevención y la detección oportuna de enfermedades. 
"El modelo de salud siempre fue un modelo reactivo. Era: te enfermas, te curo. Pues no, ese modelo dejó de ser lo que se requiere porque es obsoleto, muy caro y conlleva un daño irreversible en la población", expresó el doctor Armando Ahued.

Tras agradecer a la COPARMEX CDMX y a sus empresas afiliadas integrarse al programa "El médico en la oficina", realizó un llamado a generar una cultura de la prevención sobre todo en los niños para cambiar el estilo de vida con educación para la salud. 
"La educación es la mejor vacuna para los temas de salud como educar a los niños en higiene bucodental, higiene en general, alimentación, salud sexual y reproductiva, adicciones, cáncer, salud mental, de tal manera que si educamos a esos niños cuando sean niños y si tienen toda esa información, estarán pendientes".
El secretario Ahued Ortega dijo que hoy de cada diez niños en la primaria, siete tiene caries y los de secundaria, todos porque no se les enseña la limpieza bucodental; en el caso de las niñas cada vez sus embarazos son a más temprana edad y hoy las hay de 11 años que ya son madres; o el caso de 7 de cada 10 mujeres con cáncer de mama, ovarios y/o cervicouterino, quienes llegan al médico cuando su enfermedad es irreversible.
Tocó también el tema de las adicciones, donde de acuerdo con la última encuesta de 2016, el consumo de tabaco aumentó el 100 por ciento y el del alcohol más de esa cifra, por lo que hizo un reclamo a los padres de familia "porque un menor de edad consuma tabaco y alcohol, cuando están en fases de crecimiento y desarrollo. De dónde obtienen los recursos para comprar esto, segundo cómo los obtienen su está prohibido que los menores consuman y tercero, pues como papás creo que a nadie nos gustaría que nuestros hijos estén metiéndose drogas legales e ilegales".

Por lo que el funcionario del gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los padres para que "si están fumando o consumiendo alcohol por stress, ansiedad, depresión o problemas emocionales, hay que atenderlos. Tenemos 400 sicólogos, siquiatras, tenemos hospitales de las emociones, pero nos tienen que ayudar los papás".
Jesús Padilla Zenteno, aseguró que desde COPARMEX CDMX "nos sumamos a la propuesta que hace hoy el doctor Ahued de que se debe encaminar la política pública para prevenir las enfermedades crónicas; implantar la cultura de la prevención es una labor titánica en la que los empresarios de la capital debemos tomar partido".
Remarcó que un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dice que se pierden 400 millones de horas de trabajo en enfermedades provocadas por el sobrepeso y la obesidad. "Ahí debemos poner atención. Eso provoca 85 mil millones de pesos que dejamos de producir por faltar al trabajo o a la escuela", reveló.

"La gente sana produce más, la gente sana ayuda más, la gente sana está alegre, propone, construye y es la que provoca que tengamos un México mejor", agregó Padilla Zenteno, tras asegurar que en dos semanas más el programa se llevará a la delegación Gustavo A. Madero y al resto de las delegaciones.
El dirigente empresarial dijo que hoy empezaron en esta plaza pública y seguiremos haciendo una encuesta entre nuestros agremiados para hacer un cronograma, y hacer las solicitudes de servicios muy puntuales y no desgastar el esfuerzo que hace el gobierno de la Ciudad".
Finalmente añadió que todos los colaboradores de las empresas de COPARMEX CDMX tienen seguro social, pero es un tema de cultura. Y acercar los servicios es la mejor forma de crear una cultura.

En esta mega jornada se llevaron diversos servicios preventivos y de atención que ofrece la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública, como son: consulta médica, dental, psicológica, de salud visual, dermatológica, mastografías, citologías vaginales; pruebas de detección de antígeno prostático, VIH-SIDA, glucosa, hemoglobina glucosilada, espirometría, así como medición de peso y talla.
 

La discapacidad en México, datos al 2014





1.   Antecedentes teórico-conceptuales de la identificación de la población con discapacidad o limitación .

En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con esta condición también goza de los mismos derechos que el resto, evitar la discriminación y por la tendencia mundial al envejecimiento, en que puede ocurrir la disminución o perdida de la capacidad visual, auditiva, motriz, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud (2011: xi) “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de disca- pacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se deriven.

Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), en el cual México ha tenido una participación relevante, ya que la propuso, y en el 2007 la firmó y ratificó. Sin embargo, entró en vigor en 2008 a nivel mundial. Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición (OMS, 2016a). Además de que se puede considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas con discapacidad y algunas organizaciones interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los derechos humanos (ONU, s.f.).

Fuente l INEGI

Discapacidad, desastres naturales y situaciones de emergencia


 

La necesidad de incluir a las personas con discapacidad

Diferentes poblaciones pueden sufrir riesgos similares de verse expuestas a los efectos negativos de los desastres ambientales y causados por el hombre, pero su vulnerabilidad real depende de sus condiciones socioeconómicas, su empoderamiento cívico y social y su acceso a recursos de mitigación y socorro. Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto debido a que las medidas de evacuación, respuesta (incluidos los refugios, los campamentos y la distribución de alimentos) y recuperación les resultan inaccesibles.
En los últimos tiempos, la información y los datos disponibles sobre situaciones de crisis revelan que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de quedarse atrás o ser totalmente abandonadas durante una evacuación en caso de desastre y conflicto debido a la falta de preparación y planificación, así como a la inaccesibilidad de las instalaciones y los servicios y de los sistemas de transporte. La mayoría de los refugios y los campamentos de refugiados no son accesibles y, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad son incluso rechazadas en estos lugares porque existe la idea de que necesitan «servicios médicos complejos». La alteración de las redes físicas, sociales, económicas y ambientales y de los sistemas de apoyo afecta mucho más a las personas con discapacidad que a la población general dada su mayor vulnerabilidad. Existe discriminación por motivos de discapacidad cuando escasean los recursos. Además, las necesidades de las personas con discapacidad siguen sin tenerse en cuenta en los planes de recuperación y reconstrucción a largo plazo, con lo que se pierde una nueva oportunidad de garantizar la existencia de medidas que incorporen la discapacidad al hacer frente a desastres futuros.
El terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010 y otras situaciones de emergencia recientes han puesto especialmente de manifiesto las dificultades que afrontan las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. En Haití, se calcula que aproximadamente 200.000 personas vivirán con discapacidad a largo plazo como consecuencia de los daños sufridos. Para garantizar la igualdad y los derechos humanos para todos resulta esencial incorporar la discapacidad en las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia, dando visibilidad a las cuestiones de discapacidad y a las personas con discapacidad en los planes de acción y las políticas nacionales e internacionales.

El marco internacional y jurídico para incluir a las personas con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas se aprobó en diciembre de 2006. La Convención marca un «cambio de paradigma» en las actitudes y los criterios respecto de las personas con discapacidad. Va un paso más allá en el proceso de dejar de considerar a las personas con discapacidad como «objetos» de caridad, tratamiento médico y protección social para considerarlas «sujetos» con derechos, capaces de reclamar esos derechos y de tomar decisiones sobre su vida basadas en su consentimiento libre e informado, además de ser miembros activos de la sociedad.
La Convención está concebida como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todo tipo de discapacidad deben disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se aclara y se especifica que los derechos de todas las categorías son aplicables a las personas con discapacidad y se determinan los ámbitos en que deben introducirse modificaciones para que las personas con discapacidad ejerzan efectivamente sus derechos y los ámbitos en que estos han sido violados, así como en qué aspectos debe fortalecerse la protección de dichos derechos.
En el artículo 11 de la Comisión, relativo a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, se presta especial atención a la obligación de los Estados Partes de adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”. Además, en el artículo 4.1 se afirma que «[l]os Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad», y en el artículo 32 se reconoce la importancia de la cooperación internacional con miras a hacer frente a la capacidad limitada de algunos Estados para responder a situaciones de riesgo y crisis humanitarias.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ofrecen la posibilidad de mejorar la vida de miles de millones de personas de los países más pobres del mundo. Sin embargo, la discapacidad no está incluida actualmente en los indicadores y las metas que ayudan a evaluar y vigilar el cumplimiento de los ODM. Además, las personas con discapacidad están a menudo excluidas de las estrategias nacionales e internacionales de reducción de la pobreza. Los peligros ambientales y los desastres naturales pueden dar lugar al comienzo de muchos tipos de discapacidad, y un entorno inaccesible impide que las personas con discapacidad participen en actividades económicas y sociales. La recuperación humana y ambiental es fundamental para el logro del séptimo Objetivo, a saber, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Los ODM no podrán lograrse sin la inclusión en la sociedad de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.
La reciente resolución aprobada en el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General resalta también la importancia de la accesibilidad en todos los aspectos del desarrollo y la asistencia humanitaria.
En la resolución se exhorta también a los gobiernos a que faciliten la participación de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo, en particular en todas las actividades dirigidas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asegurando que los programas y políticas encaminados, entre otras cosas, a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.

Respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad

Varios estudios revelan que la inclusión de las necesidades y las voces de las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso de gestión de los desastres, y especialmente durante las etapas de planificación y preparación, puede contribuir a reducir de forma significativa la vulnerabilidad de esas personas y aumentar la eficacia de los esfuerzos gubernamentales de respuesta y recuperación. Sin embargo, pese a que en todo el mundo se presta cada vez más atención a la reducción del riesgo de desastres frente a la simple respuesta ante los desastres, la mayoría de los ayuntamientos y otros niveles de gobierno no elaboran planes adecuados para las personas con discapacidad o no incluyen a estas personas en sus actividades de gestión de los desastres. Esta circunstancia provoca graves desigualdades en el acceso a la respuesta inmediata, así como a los recursos de recuperación a largo plazo, para las personas que tenían discapacidad antes del desastre o las que han adquirido una discapacidad como consecuencia de este.
Las actividades de rehabilitación y reconstrucción no solo deben incluir las necesidades de todas las personas y responder a ellas, incluidas las personas con discapacidad, sino que deben contar con la participación de las personas con discapacidad, a fin de garantizar que se respeten sus necesidades y derechos. Las mujeres con discapacidad son un grupo especialmente vulnerable cuyas necesidades deberían incluirse en todas las etapas de las labores de recuperación y reconstrucción.
La Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo colabora con la secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Banco Mundial y otros interesados a fin de recabar la participación de gobiernos, donantes y todos los agentes del desarrollo en los debates sobre la necesidad y los medios de llevar a cabo actividades inclusivas de reducción del riesgo de desastre. En respuesta al terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010, la Alianza Mundial convocó un grupo de trabajo de múltiples interesados para la reconstrucción inclusiva con objeto de garantizar que las actividades de reconstrucción posteriores al terremoto tuvieran en cuenta a las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso y que todas las infraestructuras reconstruidas o de nueva construcción fueran totalmente accesibles y utilizables por las personas con discapacidad. El Grupo de Trabajo tiene una composición diversa, y en él están representados gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad, la sociedad civil, organismos de desarrollo y organismos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo sobre Haití de la Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo ha elaborado una guía práctica titulada «Haiti: Reconstruction for All» en la que se resumen los recursos, los conocimientos y las buenas prácticas disponibles para atender las necesidades de las personas con discapacidad en los ámbitos de las condiciones ambientales y materiales, los medios de subsistencia, el empleo y la protección social, el transporte y las comunicaciones, la educación, la salud y el fomento de la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad, así como cuestiones operativas y de organización.
La guía práctica no se limita únicamente a Haití, sino que en ella se abordan las labores de reconstrucción que incorporan la discapacidad con independencia de cuál sea el desastre o la región en que se haya producido. El objetivo de la guía es estructurar un enfoque más exhaustivo de la gestión de los desastres en que se incluya a las personas con discapacidad en las actividades de reducción del riesgo de desastre y recuperación. En coordinación con la secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Banco Mundial, la Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo ha realizado una labor activa de difusión de la guía práctica entre los países y los agentes del desarrollo.

Otros recursos


El gobierno compra alertas sísmicas, pero éstas desaparecen o se quedan en bodegas




Oaxaca –el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre– cuenta desde 2012 con 6 mil radios de alertamiento sísmico, cuya distribución hubiera permitido advertir a la población hasta con 30 segundos de anticipación sobre la inminencia de un temblor fuerte.

Sin embargo, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado, 60% de esos radios nunca fueron distribuidos y llevan más de cinco años guardados en bodegas.
Los 2 mil 546 aparatos restantes, por si fuera poco, solo se distribuyeron en los municipios de la región de los valles centrales del estado. Por ello, Juchitán –donde murió el mayor número de víctimas por el sismo del 7 de septiembre– no tenía ni una alerta.
Como parte del sistema de alertas, Oaxaca también adquirió 13 bocinas de alto alcance para difundir la señal de advertencia ante sismos, pero éstas, tal como los radios, solo se instalaron en la capital del estado.
Aunado a ello, a finales de agosto de 2017, el portal informativo NVINoticias.com, dio a conocer que el sistema de alerta sísmica dejó de operar en Oaxaca, desde enero pasado, por adeudos del gobierno estatal con el proveedor del servicio.
Al menos tres entidades más están en la misma situación: según información oficial, en la Ciudad de México, 4 mil 135 aparatos desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas; en Michoacán no se conoce el destino final de los 200 aparatos asignados, y en Guerrero hay otros 2 mil 200 desaparecidos.
El titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Valdés González, reconoció que lo que se ha hecho con estos aparatos ha sido una “barbaridad”.

Anomalías en la distribución

El gobierno federal y el de la Ciudad de México gastaron 255 millones de pesos para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SAS, creado tras los sismos de 1985), lo que implicaba renovar y ampliar la red de acelerógrafos instalados en la costa del Pacífico (con los que se detectan los temblores), así como distribuir entre la población 88 mil radios o alertas sísmicas. Esto entre 2010 y 2011.
Estos 88 mil radios debían ser instalados en escuelas, hospitales, inmuebles oficiales, espacios públicos y zonas habitacionales, no solo de la capital del país, sino también de otras entidades amenazadas.
Siete años después, los aparatos se pueden comprar hasta en Mercado Libre, con la calcomanía que indica: “Adquirido con recursos del Fideicomiso FONDEN para el proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase”.
Tal como demuestran registros oficiales recabados por Animal Político, de los 88 mil aparatos adquiridos por las autoridades mexicanas para modernizar el SAS, al menos 12 mil 760 han desaparecido (equivalentes a 14% del total), mientras que 10 mil 506 (otro 12%) nunca se usaron y han permanecido guardados en distintas bodegas.
Estos mismos registros oficiales dejan ver que, a pesar de que el restante 76% de los radios se instaló, esto se realizó sin un plan previo de distribución, por lo que se concentraron solo en cuatro núcleos urbanos (Ciudad de México, Ciudad de Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo), sin contemplar a otras localidades también en riesgo.
La ausencia de un plan de instalación hizo que, en la Ciudad de México, donde se instalaron la mayoría de los 88 mil radios, los aparatos hayan sido robados o mal instalados.
Un ejemplo de esto último es que hay edificios públicos con 48 aparatos, en lugares donde solo se requiere uno. Esto significa que menos de 10 mil inmuebles cuentan con una alerta, cuando solo en la delegación Cuauhtémoc hay más de 52 mil edificios “expuestos” a riesgo por temblores.
En cambio, otros puntos del país, también en riesgo sísmico, no recibieron un solo aparato.
Otros estados que también resultaron afectados por sismo del 7 de septiembre, y que no fueron contemplados en el reparto de estas alertas sísmicas, fueron Chiapas (epicentro del temblor), Hidalgo, Morelos, Estado de México, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Reparto sin cuidado: CDMX

Cuando las autoridades mexicanas adquirieron los 88 mil radios, en realidad no sabían dónde debían colocarlos y, por lo tanto, tampoco sabían si ese número de aparatos cubrían o excedían las necesidades del país.
Aún así, la compra se realizó a través de tres contratos asignados por adjudicación directa a dos proveedores, la asociación civil “sin fines de lucro” denominada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), y la empresa MDreieck SA de CV.
En julio de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México –con Marcelo Ebrard al frente–, contrató al CIRES para que modernizara todo el Sistema de Alerta Sísmico, lo que incluía renovar la red de acelerómetros, así como realizar “trabajos de campo, para la identificación física de las instancias, escuelas, hospitales, instalaciones vitales, etcétera, como potenciales usuarios que recibirán la alerta sísmica”, labor que CIRES debía llevar a cabo priorizando “los usuarios de acuerdo a sus características, funciones institucionales y vulnerabilidad”.
Sin embargo, cuando Animal Político solicitó al gobierno capitalino la “lista de usuarios potenciales” supuestamente elaborada por CIRES en 2010, para recibir los radios de alerta, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México informó que no se tiene registro de que dicha lista alguna vez se haya elaborado.
Así, aún sin saber en dónde serían ubicados, en noviembre de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México compró a la empresa MDreieck 50 mil radios de alertamiento sísmico marca Sarmex.
Tal como demuestran los registros oficiales de las dependencias capitalinas que recibieron estos radios, la falta de un plan de distribución en la Ciudad de México provocó que miles desaparecieran (aún antes de ser instalados), y que otros tantos permanezcan en bodegas.
Por ejemplo, 2 mil 492 radios destinados a instituciones educativas de nivel básico de la Ciudad de México, desaparecieron, como reconoció oficialmente el gobierno de la ciudad.
Lo mismo ocurrió con 955 radios de alerta entregados a la delegación Miguel Hidalgo. Estos radios desaparecieron con todo y el expediente de donación, tal como informaron las autoridades delegacionales.
Otras delegaciones en los que desaparecieron todos los radios de alerta son Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
Además, hay instituciones que mantienen almacenadas la mayoría de los radios de alerta recibidos, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), que solo instaló 363 de los mil 400 aparatos. Los restantes mil 37 están guardados desde hace seis años porque “los inmuebles en uso o a cargo de esta entidad ya cuentan con los dispositivos necesarios”.
En total, de los 50 mil primeros radios de alerta sísmica comprados en 2010 por el Gobierno de la Ciudad de México, 4 mil 135 desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas.
En enero de 2016, el sistema de advertencia con radios fue reforzado, pero ya no con más aparatos receptores, sino a través de la difusión de la alerta sísmica desde los altoparlantes con los que cuentan las cámaras de vigilancia policiaca repartidas en las calles de la Ciudad de México.

Reparto a lo bruto: gobierno federal

Para julio de 2011, el gobierno federal (con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo), le compró al CIRES otros 38 mil radios, para distribuir en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y –nuevamente– en la capital del país.
El mismo contrato de compra establecía que el CIRES solo debía dotar al gobierno federal de los aparatos, mientras que “la distribución será responsabilidad de la Coordinación General de Protección Civil, bajo los criterios que ella establezca”.
El resultado fue el mismo: miles de radios robados o subutilizados.
En Michoacán, por ejemplo, las autoridades estatales dijeron que desconocen el destino de los 200 radios de alerta sísmica que les envió el gobierno federal en 2012, y aseguraron que “la ley no las obliga” a contar con esa información, a pesar de que la legislación dice lo contrario.

En Oaxaca, más de la mitad de los radios nunca se repartieron y los que sí fueron instalados, se ubicaron en un solo punto de la entidad –la capital y localidades aledañas–, ignorando al resto de la población.
Por sus características tecnológicas, el tiempo de advertencia previa que ofrecen estos radios depende directamente de la distancia que exista entre el punto donde fue ubicado cada aparato, y el epicentro del sismo.
Es decir, mientras menos distancia hay entre el radio de alerta y el epicentro del sismo, menos será el tiempo previo de advertencia.
De esta forma, los radios instalados en los Valles Centrales de Oaxaca solo sirven para los sismos lejanos, y pierden su efectividad ante aquellos originados en los mismos Valles Centrales.
Así, por ejemplo, cuando la capital de Oaxaca es epicentro de un sismo, los radios que se distribuyeron ahí suenan al mismo tiempo que comienza a sentirse el temblor e, incluso, varios segundos después.
Esta misma situación ocurre en Guerrero, en donde fueron entregados 3 mil radios.
Según información generada por la Secretaría de Protección Civil de dicha entidad en febrero de 2017, los radios fueron entregados a 12 municipios del estado (de los 81 ayuntamientos de la entidad).
Animal Político consultó a esos 12 municipios dónde se instalaron esos aparatos de alerta sísmica, pero solo dos respondieron: Coyuca de Benítez y Acapulco, que en conjunto recibieron 321 radios.
Acapulco es la única localidad costera del país en la que fueron instalados radios de alerta sísmica (298 aparatos), mismos que el pasado 7 de septiembre dieron aviso oportuno y permitieron el desalojo de inmuebles en riesgo.
Los otros 10 municipios de Guerrero, que recibieron 2 mil 220 aparatos, declararon que ignoran su destino, o simplemente no respondieron.
Además, la Secretaría de Protección Civil del estado informó que desde hace cinco años guarda 133 radios en sus bodegas. Los registros no indican qué pasó con otros 302 aparatos que desaparecieron durante el proceso de donación por parte del gobierno federal y su entrega a gobiernos municipales o instituciones públicas.

Cenapred: la pata del mueble

Para conocer qué criterios aplicó el gobierno federal para definir qué estados del país debían recibir los 38 mil radios que adquirió, Animal Político consultó a la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista, el titular de esta dependencia federal, Carlos Valdés González, recordó que la compra de estos 38 mil radios, a la que calificó como “barbaridad”, fue realizada por “las anteriores autoridades (federales)”.
Los registros oficiales indican que 36 mil de esos radios fueron repartidos durante los últimos tres meses del gobierno de Calderón; y los restantes 2 mil aparatos fueron distribuidos por el gobierno de Peña Nieto en los años 2013 y 2014.
“Cómo se seleccionó (a los estados que recibirían esos radios de alerta sísmica) ahí sí desconozco –aseguró el funcionario federal–, pero se dieron a estados afectados, Oaxaca, Guerrero y Michoacán; se dieron radios al Gobierno de la Ciudad de México; y se le dieron a instituciones del gobierno federal, privilegiando a las escuelas.”
En el Cenapred, señaló su titular, “no podíamos instalar ese número de equipos en 38 mil lugares diferentes. Entonces, qué se hizo: se entregaron los radios de alerta sísmica, a través de convenios, a muchas instituciones, y lo que dicen esos convenios es que esas instituciones debían informarnos en dónde instalaban esos aparatos, y darles mantenimiento.”
No obstante, añadió, “cada año nosotros les pedimos a esas instituciones que informen en dónde están esos radios de alertamiento, cuáles son sus coordenadas geográficas, dónde se instalaron, pero nosotros nos cansamos de mandar esas solicitudes (porque) hay algunas instituciones que abiertamente nos responden ‘no sé dónde están'”.
El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres subrayó que “no está en nuestras manos fiscalizar (a esas instituciones) o decirles que nos regresen los radios por no darnos la información (acerca del uso que les dieron)”.
Al final, concluye, la distribución y aprovechamiento de esa tecnología, que “puede salvar vidas”, terminó en un acto de buena fe.
“Esa tecnología –insistió el funcionario– se entregó de la mejor manera, y cada quien es responsable (del destino que tuvo). Las instituciones que las recibieron deberían haber tomado los radios de alertamiento, instalarlos bien y estar muy al tanto de que funcionaran.”
“Nosotros cumplimos con el compromiso de entregar los radios –concluyó el director del Cenapred–. Pero es como con el directorio telefónico: cuando llegaba a mi casa, una tía lo usaba de pata de mueble, y el día que lo llegábamos a necesitar, ya no servía.”

Mercado Libre

En junio de 2016, en el sitio de ventas por internet MercadoLibre.com se puso a la venta un “Artículo nuevo”: un lote de radios de “alerta” que reproducen el sonido oficial del Sistema de Alerta Sísmica del gobierno mexicano, a un costo de 3 mil pesos por unidad.
La garantía de funcionamiento de estos radios no podía ser mejor: los logotipos de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, adheridas al aparato.
Tres días después de que esta oferta se ingresó al portal de compras, ya había tres aparatos vendidos.
“Éste es el cuarto”, dice I., un joven de, acaso, 20 años, mientras extiende la mercancía adquirida a través de Mercado Libre: una caja de cartón azul, con la imagen de un radio de alertamiento impresa, junto al logo de su marca “Sarmex”.
Dentro de la caja, el aparato, junto con un enchufe para la corriente eléctrica.
–¿Y qué tal funciona? –se pregunta a I.
–Es de los buenos –responde el joven, y muestra la etiqueta adherida al costado del aparato, en la que se señala que forma parte de una adquisición realizada por el gobierno federal, con recursos del Fondo de Atención a Desastres Naturales, FONDEN.

Por su propia seguridad, I. va acompañado de otro joven, como él, aunque mucho más alto, de 1.90 de estatura, y quizá 120 kilos de peso.
Tras el pago en efectivo y un apretón de manos, ambos jóvenes se van. La venta se realizó en el andén de la estación del Metro Santa Anita, en la delegación Iztapalapa.
Gracias al número de serie de este aparato, Animal Político pudo confirmar que fue adquirido por el gobierno federal en 2011, y luego donado, junto con otros 7 mil radios, al Gobierno de la Ciudad de México, que a su vez los distribuyó a distintos organismos locales.

Según los registros oficiales recabados, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México recibió 700 de esos receptores de la alerta sísmica, mismos que hasta la fecha se guardan en su bodega central. De esa bodega fue robado el radio que, en 2016, salió a la venta en Mercado Libre.
Días después de la compra en el Metro Santa Anita, I. se comunicó telefónicamente.
“Platícale a tus vecinos. Diles que tengo más radios, y si compran varios, les hago un descuento”.
Ese mismo día, en Mercado Libre se anunció que el precio de los radios de alerta sísmica robados al gobierno de la Ciudad de México aumentaba a 4 mil pesos.


*Esta investigación se realizó entre junio de 2016 y septiembre de 2017. Se presentaron mil 280 solicitudes de información pública bajo la Ley General de Transparencia, ante los gobiernos federal, de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Trasparencia CDHDF



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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene la convicción de que todos los servidores públicos están obligados a realizar un ejercicio transparente de sus presupuestos y rendir cuentas a la población del uso que se hace de ellos en la aplicación de sus programas de trabajo y cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que le marca la ley. En congruencia con lo anterior, la CDHDF hace pública la información sustantiva de su quehacer institucional.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su capítulo II, establece la accesibilidad de la información a través de los portales de Internet, en los cuales se publicará la información pública de oficio, misma que se desglosa en los artículos que se describen a continuación:
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Tu edificio debe de ser accesible antes del 4 de Dic 2017

 
Los edificios de viviendas existentes están obligados a realizar ajustes razonables de accesibilidad antes del 4 de diciembre de 2017 para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos. Así lo recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
A los propietarios les quedan algo más de dos años para ir llenando la hucha y pensar en instalar rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble.
Los principales escollos están en los accesos a los portales o dentro de los mismos. “Suelen ser pocos peldaños pero restan autonomía a una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida”, dice Belén Galán, responsable de marketing y comunicación de ThyssenKrupp Encasa, empresa especializada en soluciones salvaescaleras. La otra gran barrera está en las escaleras que suben al piso. “Miles de edificios, sobre todos en los barrios periféricos de las ciudades, que tienen tres o cuatro plantas no tienen ascensor o elevador”, apunta Galán.
Más del 75% de las fincas necesitan mejorar la accesibilidad, asegura Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España (CGCAFE). Algunos expertos ven dificultades, sobre todo económicas, para cumplir con el objetivo de adaptar un parque antiguo de viviendas no preparado para dar respuesta a las personas con discapacidad.
El coste de las obras no debe superar 12 mensualidades de gastos comunes
Las obras para quitar obstáculos no son baratas, aunque la ley acota los futuros desembolsos. Las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal no deben suponer una “carga desproporcionada o indebida”. “La carga es desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”, según recoge la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que modifica los artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Mientras no superen esas 12 mensualidades anuales, los gastos de las obras deben ser abonados por todos los propietarios. Si se sobrepasa ese presupuesto, entonces los vecinos tienen que convocar una junta y el acuerdo ha de ser adoptado con el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Ahora bien, en el caso de que los vecinos que hayan solicitado las obras abonen el resto del coste por su cuenta, todos los demás estarán también obligados a pagar sus 12 mensualidades.
“Puede solicitar que se adapten las instalaciones la persona propietaria de la vivienda si en ella viven, trabajan o prestan servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años”, señala Díez. Y prosigue: “Una novedad importante que introduce la nueva normativa es el concepto de accesibilidad universal, de manera que se debe procurar adaptar los edificios para que todos los usuarios puedan acceder no solos a sus viviendas, sino a todas las zonas comunes (a los garajes, jardines…)”.
Según el presidente del CGCAFE, “es un avance muy importante que contribuye a seguir reduciendo la discriminación con respecto a los vecinos que necesitan tener adaptados los elementos comunes”.
Las plataformas para salvar las escaleras
cuestan desde 7.000 euros
Al margen de los ascensores -la obra más costosa-, el mercado ofrece soluciones que pueden encajar dentro de lo que exige la normativa. “Las plataformas salvaescaleras son un elemento que minimiza o elimina las obras y estaríamos hablando de inversiones a partir de 7.000 euros”, señala la portavoz de ThyssenKrupp Encasa. En una finca donde la cuota de la comunidad sea 50 euros mensuales, cada vecino tendría una derrama no superior a 600 euros. Si son 12 vecinos, acumularían 7.200 euros.
Las sillas salvaescaleras tienen un asiento que circula a través de un raíl instalado en la escalera, de modo que el usuario puede acceder a las distintas plantas de una vivienda sin necesidad de hacerlo andando. Hay distintas familias de sillas según el tipo de escalera ( curva, recta, sin descansillos…). El coste parte de 3.500 y 4.000 euros. Al tratarse de una solución a medida, el precio depende de las necesidades de configuración y recorrido.
Las plataformas salvaescaleras, para usuarios que utilicen sillas de ruedas, son elevadores dotados de una peana que circulan por un raíl instalado en la escalera y que permiten la comunicación entre las distintas plantas del edificio. El presupuesto parte de unos 7.000 euros.
Los elevadores verticales, que no ascensores, no necesitan cuadro de máquinas, ni foso, por lo que se pueden instalar en espacios reducidos. Esta solución es muy socorrida en la rehabilitación de viviendas y está diseñada para la elevación vertical de los usuarios (independientemente de que utilicen silla de ruedas o no). El coste medio es de unos 10.000 euros.
Fuente: El País

Cordial Invitación al 3º Simposio Nacional de Síndrome de Postpolio


 Asociación Post Polio Litaff A.C

ENLACE PARA QUE VEAN INVITACION Y PROGRAMA DESDE LA SECRETARIA DE SALUD.

 EN LA PARTE IZQUIERDA DE SUS COMPUTADORAS DICE 3º SIMPOSIO DE SINDROME DE POST POLIO.
Para mayor información y confirmar su asistencia favor de llamar a los teléfonos.
55537128 y 50621600 Ext. 55023#



CODIGO G "14" El pasado mes de febrero de 2009 y como resultado de la reunión anual del Comité de Revisión y Actualización de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) que tuvo lugar en Delhi, durante el mes de octubre de 2008, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión 10 (ICD-10) ha adjudicado un lugar específico al Síndrome Post-Polio (SPP) clasificándolo bajo el código "G14" y excluyéndolo del código B91 (Secuelas de poliomielitis), en el que antes ese organismo lo consideraba abarcado .

“La Discapacidad sólo Marca UNA Diferencia”, es decir que una persona con discapacidad no es un enfermo, sino alguien que requiere de apoyos específicos para desarrollarse como cualquier otro.

Liliana Marasco Garrido

Discapacidad Termino

Discapacidad Termino

Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad,

Cuadro 1. Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad, 2007-2012 Estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Salud, 2007-2012 con las que se vincula el programa

Estrategia

Líneas de acción


ESTRATEGIA 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades

2.1 Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de una nueva cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes de la salud.


2.4 Reducir la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación 2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal. 2.11 Fortalecer las políticas de atención contra las adicciones causadas por el abuso en el consumo de alcohol, tabaco, y drogas ilegales y médicas no prescritas 2.12 Impulsar una política integral para la prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardio-vascular.


2.14 Impulsar medidas de promoción de una vialidad segura que eviten lesiones no intencionales y discapacidades. 2.15 Reducir la prevalencia de daños a la salud causados por violencia


ESTRATEGIA 3. Situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud

3.3 Impulsar la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de aten- ción médica 3.8 Actualizar el marco jurídico en materia de servicios de atención médica



ESTRATEGIA 5

. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud

5.4 Fortalecer la prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad


ESTRATEGIA 8. Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la información y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integración del sector


8.1. Consolidar un sistema único de información estadística y epidemiológica para la toma de decisiones en materia de salud pública


ESTRATEGIA 9. Fortalecer la investigación y la en- señanza en salud para el desarrollo del conocimien- to y los recursos humanos


9.2 Reorientar la innovación tecnológica y la investigación para la salud hacia los padecimientos emergentes, las enfermedades no transmisibles y las lesiones



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cartilla Nacional de Derechos

En cita mundial de la ONU se observa que pocas naciones ratificaron Convención del grupo vulnerable

Tomada de la edición impresa del 02 de septiembre del 2010

Países revisan leyes sobre discapacidad


FOTO: MIGUEL CASTRO / El Telégrafo

En Guayaquil, Rita León es atendida por los médicos de la Misión Manuela Espejo, una de las acciones del Estado orientadas hacia el respeto de las personas con discapacidad.

DATOS

El encuentro


Esta nueva reunión de los países que forman parte del tratado también servirá para ampliar de 12 a 18 el número de miembros que integran el comité de expertos encargados de supervisar su implementación.

La organización Human Rights Watch (HRW) instó ayer a los países que asisten a este encuentro a abandonar la retórica para centrarse en las estrategias y las actuaciones que benefician de manera tangible a las personas discapacitadas en todo el mundo.

En cita mundial de la ONU se observa que pocas naciones ratificaron Convención del grupo vulnerable

EFE
New York


La ONU (Organización de Naciones Unidas) inauguró ayer en su sede en Nueva York (Estados Unidos) la tercera sesión de la Conferencia de los países parte de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas, que en esta ocasión se centrará en el impacto de conflictos y los desastres naturales en este colectivo.

En sus tres días de sesiones se debatirán los esfuerzos para integrar plenamente a las personas discapacitadas en todos los aspectos de la vida, así como la necesidad de que se les facilite el pleno acceso a la educación.

Noventa países han ratificado hasta la fecha el tratado, que entró en vigor en 2008, mientras que otros 146 únicamente lo han firmado.

Incrementar el número de las ratificaciones es una de las prioridades de esta tercera sesión, según dijo el director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad de España, Jaime Alejandre.

"Tenemos que conseguir un mayor número de ratificaciones, aunque de todas maneras vamos muy bien", indicó el responsable español, quien también resaltó la importancia de que en este foro se recuerde a los países parte del tratado la obligación de cumplir los deberes que han asumido.

En ese aspecto, indicó que España ha sido el primer país en presentar el informe obligatorio que exige el tratado y en señalar su disposición a que se sometan a examen las medidas adoptadas para adecuar su legislación al contenido de la Convención.

Alejandre también destacó que la delegación española organizará el jueves la presentación por parte de un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down de una guía sobre cómo sus derechos les han sido y les están siendo vulnerados, y en la que también reivindican ser tratados como cualquier ciudadano.

La Guía "Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus protagonistas" ha sido elaborada por la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, Granada, Jerez, Lleida y Málaga, y patrocinada por Obra Social Caja Madrid.

El jueves también se celebrará una sesión dedicada a analizar la situación de las personas con discapacidad que se ven afectadas por conflictos y catástrofes naturales, como el terremoto en Haití del pasado enero o las inundaciones en Pakistán.

"Los conflictos y los desastres causan un mayor número de discapacidades y, al mismo tiempo, los miembros del grupo son más vulnerables en este tipo de situaciones extremas", explicó el responsable del secretariado de la Convención, Akiko Ito.

Los asistentes a esta sesión discutirán medidas para atender las necesidades de las personas discapacitadas y reducir "la desventaja con la que afrontan situaciones de crisis en las que escasean los recursos", agregó.

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