Las propuestas de EPN: Personas con Discapacidad


Por: Katia D’Artigues (@kdartigues) 
¡Es muy “sencillo”! Si Enrique Peña Nieto quiere lograr la inclusión de los mexicanos con discapacidad –5.1% de la población según el Censo 2010 del INEGI aunque muchas organizaciones lo calculamos en al menos 10% -lo único que hay que hacer es una cosa: cumplir la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
¿Eso es todo? Juro que sí. Es todo. “Sólo” eso. Además, no debería de haber ninguna duda en por qué hay que hacerlo. México no sólo propuso esa Convención al mundo en la sede de la ONU (gracias a Gilberto Rincón Gallardo), sino que ya la firmó y nuestro Senado la ratificó. Es ley, pues. Y como Tratado Internacional, parte del Bloque Constitucional: ley por sobre todas las leyes de México. Y mucho más después de la Reforma en Derechos Humanos.
Ahora, ¿qué implica cumplir la Convención? He ahí donde comienza el mayúsculo reto.
Para empezar implica cambiar nuestra mirada hacia los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad. Dejar de verlos como sujetos de asistencialismo, como “pobrecitos” y también como sólo parte de un proyecto clientelar-electoral y transformar esa mirada para verlos como ciudadanos con derechos. ¿Derechos a qué? Pues a todo. Y para que no haya duda cuáles ahí están en los primeros, digamos, 35 artículos de 50 de la Convención: Educación, Trabajo, Vivir en Comunidad, Acceso a la justicia, a transitar de manera accesible, a la libertad de expresión, a la Salud, a la Habilitación y Rehabilitación, a participar en la vida política, cultural y social. De paso, promover que todos los demás nos enteremos de este hecho a partir de campañas de sensibilización.
Ah, dirá usted, entonces no es tan “sencillo”. No lo es por la cultura, para empezar. Pero si alguien puede impulsar un cambio en la mirada que devenga, necesariamente, en actos de política pública para incluir a este sector de la población es el Presidente de la República. Yo diría que no sólo puede, debe.
Me parece que Enrique Peña Nieto lo tiene más o menos claro. O lo tiene más tras la reunión que tuvo, en campaña, con la Coalición Mexicana por los derechos de las personas con discapacidad, el único evento durante los 90 días de mitines y encuentros que tuvo con personas con discapacidad, lo que de por sí es una mala señal.
Ahí dio a conocer –firmados, con notario y todo el show, digo, el protocolo—siete “compromisos” para este sector de la población.
Los copio en itálicas y los comentarios que siguen son míos.
1.     Armonizar la normativa mexicana para cumplir, de manera progresiva, con lo establecido por la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Me preocupa lo progresivo. Me gustaría ver un plan detallado de por dónde empezar, con tiempos y fechas, dado que es una tarea titánica y de por sí estamos atrasados décadas con respecto a otros países en la inclusión de este sector. Alguna vez Ricardo Bucio, actual Presidente de Conapred, lo puso así: “Para cumplir la Convención hay que armonizar todas las leyes y normas que involucren a las personas. Ni una más, pero tampoco ni una menos”.
Tome por ejemplo el reglamento de guarderías del ISSSTE hasta hace unos meses: incluía una prohibición explícita de aceptar a niños con discapacidad, so pretexto de que no tenían personal calificado para atenderlos. ¿Entonces que sus padres no trabajen, que los amarren en sus casas como todavía sucede? Eso sí depende de el Ejecutivo Federal, como muchas otras cosas que podría impulsar desde la Administración Pública Federal. Podría también proponer un paquete importante de armonización legislativa para que el tratado baje a las leyes y a las leyes secundarias de las cuales muchas veces depende su aplicación.
2.     Adecuar instalaciones de escuelas públicas y capacitar a maestros para integrar a los niños con discapacidad al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este es un gran tema pendiente. A pesar de que lo dice el Presidente Calderón con desfachatada soltura, no todos los niños tienen acceso a educación básica. Se le olvidan los niños  y niñas con discapacidad.
Un dato: la exclusión educativa en educación básica es 10 veces mayor en este sector (26% vs 2% ) A nivel educación superior es de 96%.
La clave para darle la vuelta es multifactorial. Sí es en parte adecuar las escuelas – la accesibilidad es un derecho llave que abre otros – y es importantísimo capacitar a maestros. Actualmente el currículum para ser maestro, educación especial es una materia optativa.
Pero faltan más cosas: darle dientes a la SEP para que pueda forzar a las escuelas privadas a incluir niños con discapacidad, que actualmente no es obligatorio. Está también que tengan material en tiempo en forma para que puedan estudiar (por ejemplo los libros de texto en braille están desactualizados y además no llegan a tiempo. Existen audiolibros, pero no fomentan la inclusión) Y está también el tema de la sensibilización hacia otros padres de familia sobre las ventajas –entre otras la educación para la paz y la tolerancia—que trae tener un compañero o compañera con discapacidad en su salón.
3.     Incrementar el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y vigilar su correcta aplicación.
Suena bien, pero, ¿qué tal hacer que, de manera progresiva todos los transportes públicos, todos, de ahora en adelante sean accesibles? Además de el famoso “Fondo”, que ya tiene unos años y que en muchos estados no se utilizó para lo que estaba etiquetado, es necesario que se cree la mirada de que la accesibilidad debe ser siempre y para todos.
De tal manera que cuando cualquier Estado, por ejemplo, compre nuevos autobuses, tengan que comprar autobuses accesibles, por ejemplo. Ya ni hablar de construir líneas de metro, metrobús o edificios públicos sin accesibilidad, ¿verdad? O que como el nuevo edificio del Senado, sólo tienen acceso para personas con discapacidad motriz, usuarias en silla de ruedas, por el estacionamiento. Y eso es muy oportuno porque ya ve – sí, ajá– que todos tienen coches adaptados porque a) todos los mexicanos tenemos coche y b) hay grandes facilidades fiscales, como en otros países, para importarlos y deducirlos de impuestos. Y eso sin tomar en cuenta que todos respetamos los lugares designados para personas con discapacidad.
4.     Apoyar la adquisición de equipos, lentes, prótesis, aparatos auditivos, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos para niños con discapacidad.
Apoyar cómo. Es una pregunta que debe responderse. Y sí porque hay muchas personas con discapacidad que necesitan apoyos así para alcanzar su máximo potencial. Ahora, analizándolo, porque aunque es un recurso que no funciona en todos lados, digamos en zonas rurales sin caminos donde una silla de ruedas simplemente es prescindible. Ahí hay que analizar alternativas como la Rehabilitación Basada en la Comunidad o RBC.
5.     Fortalecer y difundir los beneficios e incentivos con los que cuentan las empresas al contratar personas con discapacidad.
Esta es una parte clave para crear un círculo virtuoso. Pese a su falta de oportunidad para escolarizarse, el trabajo es ya la primera demanda de las personas con discapacidad, según la Encuesta Nacional de Discriminación 2010. (El segundo es la rampante discriminación). Hay muchos ejemplos internacionales de cómo esto puede funcionar. Uno de ellos es que el mismo gobierno central ponga el ejemplo, contratando a un porcentaje de personas con discapacidad. Aquí sería bueno pensar en cuotas, como una medida de discriminación positiva temporal. También funcionó en España, por ejemplo, exigir que las empresas, o al menos aquellas que quieran comprarle al gobierno federal cumplan con una cuota de empleados con discapacidad.
6.     Laptops con Internet adaptadas para alumnos con discapacidad, de escuelas públicas que cursen 5° y 6° año de Primaria.
Es parte de una propuesta de Peña Nieto para todos los niños de 5º y 6º. Está bien que no dejen fuera a los niños con discapacidad. Ahora, quizá no sólo necesiten éstos, sino otros apoyos. Y de nuevo, muchas veces el éxito en la escolarización de niños con necesidades especiales sí va de mano con el acceso a la tecnología pero también a la flexibilidad, vía la adaptación curricular.
7.     Promover el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil organizada.
Esto es parte de la Convención y hay que ser muy claros en que incluir a la sociedad civil organizada no es una concesión, sino una necesidad para este y para todos los casos. Son ellos los que con años de trabajo que debería de hacer el estado saben cosas que los funcionarios –hasta los bien intencionados—no: cómo es vivir con una discapacidad, por ejemplo, qué se necesita, cuáles son los obstáculos.
Hasta ahí lo firmado por Peña Nieto. Faltan muchas cosas pero dos de ellas esenciales para todo lo anterior y más: que haya presupuesto (ya sabe que toda causa que no encuentra respaldo presupuestal es mera demagogia) y que la convicción de que la inclusión de personas con discapacidad lo abandere el Presidente mismo y su equipo más cercano como un prioridad, casi, personal.
Vuelvo al inicio: las personas con discapacidad están en todos lados y participan de todo. O deberían. Es su derecho, como mexicanos que aspiran a contribuir con su vida, trabajo, ideas, creatividad, a este país. Entonces, ¿por qué no siempre se hacen mensajes accesibles para ellos, por ejemplo? ¿Por qué no se les contempla en cada una de las iniciativas de ley que se presentan?
Eso debe de hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada más, pero tampoco nada menos.
*Katia D’Artigues es periodista en prensa y televisión; autora de la columna “Campos Elíseos”.

Claves Para Entender la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad .


El 13 de diciembre de 2006 se ha aprobado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

  ¿Qué es una Convención Internacional? Una Convención o Tratado internacional es acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional que tiene fuerza vinculante. Es decir, que es de obligado cumplimiento para los Estados una vez que lo firman y ratifican. ¿Cuándo comienza a ser de obligado cumplimiento la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Una vez que se aprueba por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Convención se abrirá a la firma y ratificación, o a la adhesión, por parte de todos los Estados y organizaciones de integración regional. No obstante, la Convención no entra en vigor (y por tanto no es obligatoria para los Estados Parte) hasta que se cumpla un número específico de ratificaciones. En el caso de esta Convención, la misma entrará en vigor a los treinta días de que la hayan ratificado 20 Estados Parte. Una vez alcanzado el número estipulado de ratificaciones, la Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

 ¿Por qué se consideró necesario elaborar una Convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad? A pesar de que las personas con discapacidad eran destinatarias, al igual que el resto de seres humanos, de la protección establecida por los Tratados mencionados, en muchos casos dichas normas no se aplicaban, o se aplicaban de manera diferente –desventajosa- para este grupo social. Sumado a ello, hubo grandes deficiencias tanto por parte de los Gobiernos como por parte de los órganos de supervisión de los Tratados, a la hora de supervisar su cumplimiento en relación con las personas con discapacidad. Estas insuficiencias han sido resaltadas a partir de Informes elaborados en el marco de Naciones Unidas, que tuvieron amplia repercusión y resultan de gran interés. Entre otras cuestiones, en dichos informes se llegó a la conclusión de que las personas con discapacidad eran de algún modo “invisibles” dentro del sistema de derechos humanos de la ONU. A diferencia de otros grupos -tales como mujeres y niños y niñas- las personas con discapacidad no contaban con un instrumento jurídicamente vinculante ni con un Comité que velara por la protección de sus derechos de manera expresa. Se contaba, sin embargo, con un instrumento específico sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero que no tenía rango de norma jurídicamente vinculante: las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.

 ¿Cuáles serán las principales consecuencias de la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención para las personas con discapacidad? Las consecuencias son varias y afectarán a diferentes ámbitos. Sin embargo, podría decirse que los principales efectos son los siguientes: - En lo que atañe a la forma de abordar la discapacidad. La aprobación de la Convención deja claro que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Que las personas con discapacidad no son “objeto” de políticas caritativas o asistenciales, sino que son “sujetos” de derechos humanos. Por tanto, las desventajas sociales que sufren no deben eliminarse como consecuencia de la “buena voluntad” de otras personas o de los Gobiernos, sino que deben eliminarse porque dichas desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos. - En lo que atañe a la visibilidad de las personas con discapacidad. La adopción de la Convención será de gran valía para aumentar la visibilidad de las personas con discapacidad, tanto en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, como en la sociedad en general. La existencia de una Convención específica, alentará a que los órganos supervisores de derechos humanos existentes le den importancia a los temas de discapacidad, al revisar el cumplimiento de los gobiernos con otras convenciones principales de derechos humanos. Asimismo, incitará a otros organismos vinculados al sistema de las Naciones Unidas (tales como UNICEF, OMS, UNESCO, OIT y otros) a prestar atención a los asuntos de discapacidad en su respectiva labor Asimismo, la Convención exigirá el establecimiento de sistemas para supervisar exhaustivamente la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Y también el establecimiento de sistemas de cooperación internacional, mediante los cuales los gobiernos, las organizaciones de discapacidad y otros participantes, compartan conocimiento e ideas y trabajen para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. -

 En lo que atañe a las obligaciones por parte de los Estados. La Convención servirá para aclarar las obligaciones por parte de los Estados Parte hacia las personas con discapacidad. Entre ellas, las de realizar las modificaciones legislativas necesarias en el ámbito nacional para implementar sus obligaciones legales derivadas de este nuevo instrumento internacional. - En lo que atañe a las vías de reclamo de derechos. Otra importante consecuencia será la utilidad de una Convención Internacional como herramienta jurídica, a la hora de presentar o iniciar acciones legales o reclamos judiciales. La Convención supone en este ámbito una nueva herramienta judicial, que formará parte del ordenamiento jurídico interno español una vez ratificada. - En lo que atañe a la educación a la sociedad respecto de los derechos de las personas con discapacidad.

 Finalmente, este instrumento tendrá una labor didáctica. Esto incluye, en un primer nivel, la difusión de la Convención como herramienta jurídica y su utilidad en el ámbito del movimiento asociativo –ONG de discapacidad y sus familias- y en el de los derechos humanos –ONG de derechos humanos-. Un segundo nivel sería el nivel de educación para la ciudadanía. Es importante que los currículos educativos incorporen la perspectiva de la discapacidad. En este punto resulta de vital importancia acercar el fenómeno de la discapacidad, y del modo contemplado en la Convención Internacional, a la educación de los niños y niñas y adolescentes. El tercer nivel sería el académico. Esto implica incorporar las consecuencias y derivaciones de la Convención dentro de los diferentes programas de estudios académicos (en especial Derecho, Arquitectura, Ciencias Políticas, Psicología, Urbanismo, entre otros).
 ¿Cuál es el objeto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. (Art. 1).

  ¿Qué se entiende por discapacidad en la Convención? La Convención reconoce que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Preámbulo, inc e). Asimismo, entiende que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Art. 1) De lo mencionado se desprende, por un lado la asunción del modelo social de discapacidad, al asumir que la discapacidad resulta de la interacción con barreras debidas a la actitud y al entorno. Y por otro, que la definición no es cerrada, sino que incluye a las personas mencionadas, lo que no significa que excluya a otras situaciones o personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de los Estados.

 ¿Cuáles son los principios de la Convención? 
Los principios de la Convención son, según el artículo 3: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
 ¿Cuáles son las principales obligaciones que la Convención supone para los Estados Parte?
Los Estados Partes se comprometen a adoptar una serie de medidas para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. (Art. 4) En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. (Art. 4) Asimismo, se establece la obligación de los Estados Parte de recopilar datos y estadísticas, que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la Convención. (Art. 31) Finalmente, los Estados Parte reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, y se encuentran obligados a tomar medidas apropiadas y eficaces a dicho fin. En los casos en que corresponda, lo harán en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. (Art. 2). 

 ¿Qué se entiende en la Convención por discriminación por motivo de discapacidad? 
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación, y, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. (Art. 2) Los ajustes razonables son, según la Convención, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Art. 2)
 ¿Cuáles son los principales derechos que prevé la Convención? -
Igualdad y No Discriminación. Este derecho tiene una aplicación transversal en todos los artículos de la Convención. Se reconoce que las personas con discapacidad son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en los mismos términos que las demás personas. (Art. 5) - Accesibilidad. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en una serie de ámbitos. (Art. 9) - Los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, de los siguientes derechos: • A la vida. (Art. 10) • A la protección ante en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. (Art. 11) • Al igual reconocimiento como persona ante la ley y de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. (Art. 12) • Al acceso a la justicia. (Art. 13) • A la libertad y seguridad de la persona, procurando que no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente; y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad (Art. 14) • A la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (Art. 15) • A la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, tanto en el seno del hogar como fuera de él. (Art. 16). • A la protección de la integridad personal (física y mental). (Art. 17) • A la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad. (Art. 18) • A vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. (Art. 19) • A la movilidad personal con la mayor independencia posible. (Art. 20) • A la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. (Art. 21) • Al respeto de la privacidad y la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. (Art. 22) • Al respeto del hogar y de la familia y a la igualdad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. (Art. 23) • A la educación inclusiva a todos los niveles así como a la enseñanza a lo largo de la vida. (Art. 24) • A gozar del más alto nivel posible de salud. (Art. 25) • A la habilitación y rehabilitación para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. (Art. 26) • A tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. (Art. 28) • A un nivel de vida adecuado y a la protección social, para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida. (Art. 28) • A participar en la vida política y pública. (Art. 29) • A participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. (Art. 30)

 ¿Cómo asume la Convención la situación y protección de los derechos de grupos vulnerables como las mujeres, y los niños y niñas con discapacidad?
 La Convención adopta un doble enfoque a la hora de proteger la situación de las mujeres y la de los niños y niñas con discapacidad. Por un lado, les dedica un artículo específico –para dar visibilidad-, y por otro, adopta una perspectiva de transversalidad a lo largo de toda la Convención. En lo que respecta a la mujeres, se establece una protección específica, a través de la cual se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y que, a ese respecto, se deben adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Art. 6) Y, por otro lado, se llama la atención sobre la perspectiva de género en las siguientes cuestiones: • Reconociendo como principio la igualdad entre el hombre y la mujer (Art. 3 inc. g). • En la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género (Art. 8) • En los casos de explotación, violencia y abusos, y en la promoción de la recuperación, rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de tales abusos se deberá tener en cuenta las necesidades específicas del género; y en las medidas tendentes a asegurar que los casos de explotación, violencia y abusos contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados, se adoptarán legislación y políticas específicas del género. (Art. 16) • En el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, que deberán ser sensibles a las cuestiones de género (Art. 25) • Al garantizar un nivel de vida adecuado y protección social, asegurando el acceso de que las mujeres y las niñas con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. (Art. 28) • Al establecerse las condiciones para ser miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante una representación de género equilibrada entre sus miembros. (Art. 34) En lo que respecta a los niños y niñas, se establece una protección específica, a través de la cual los Estados Partes se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno goce de los niños y niñas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Entre ellos, el derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afectan, opinión que recibirá la debida consideración con arreglo a la edad y madurez de aquéllos, en igualdad de condiciones con los demás, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. (Art. 7) Y, por otro lado, se llama la atención sobre las siguientes cuestiones que afectan más directamente a niñas y niños a lo largo de la Convención: •

Se reconoce como principio el respeto de las capacidades evolutivas de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. (Art. 3 inc. h). • En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan (Art. 4). • Los niños y niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. (Art. 18) • Se garantizará que los niños y niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. Y se asegurará que los niños y niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. (Art. 23) • Al hacer efectivo el derecho a la educación, los Estados Partes asegurarán que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. (Art. 24) • Se asegurará el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. (Art. 28) • Se asegurará que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso con otros niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. (Art. 30)

 ¿Cuáles serán las medidas que se deberán adoptar para aplicar la Convención y velar por su cumplimiento?
 Entre otras medidas, los Estados Partes deberán designar uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención, y considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. (Art. 33)

 ¿Qué mecanismo de supervisión internacional establece la Convención? 
Según la Convención, se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que constará de 12 expertos. (Art. 34) Los Estados Partes deberán presentar al Comité un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate. Posteriormente, los Estados partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite. (Art. 35) El Comité considerará los informes y realizará al Estado Parte las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas. (Art. 36) El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes. (Art. 39)

 ¿Pueden las personas con discapacidad o sus organizaciones representativas presentar una queja o reclamación internacional alegando que en su país se violan sus derechos humanos?
Esta posibilidad sólo existirá para los ciudadanos de Estados Partes que, además de ratificar la Convención, ratifiquen el Protocolo adicional a la Convención. Al ratificar dicho Protocolo Facultativo, el Estado reconocerá la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una vulneración por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. Debe aclararse que la ratificación del Protocolo es facultativa. Es decir, que los Estados Parte pueden sólo ratificar la Convención pero no ratificar el Protocolo. En dicho caso el Comité no tendrá facultad para recibir las comunicaciones individuales. Por ende, el Comité no podrá recibir ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el Protocolo.
Sí, piensas copiar, cita por favor  este enlace.
Atentamente.
Lic. Liliana Marasco Garrido El 13 de diciembre de 2006 se ha aprobado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

  ¿Qué es una Convención Internacional? Una Convención o Tratado internacional es acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional que tiene fuerza vinculante. Es decir, que es de obligado cumplimiento para los Estados una vez que lo firman y ratifican. ¿Cuándo comienza a ser de obligado cumplimiento la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Una vez que se aprueba por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Convención se abrirá a la firma y ratificación, o a la adhesión, por parte de todos los Estados y organizaciones de integración regional. No obstante, la Convención no entra en vigor (y por tanto no es obligatoria para los Estados Parte) hasta que se cumpla un número específico de ratificaciones. En el caso de esta Convención, la misma entrará en vigor a los treinta días de que la hayan ratificado 20 Estados Parte. Una vez alcanzado el número estipulado de ratificaciones, la Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

 ¿Por qué se consideró necesario elaborar una Convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad? A pesar de que las personas con discapacidad eran destinatarias, al igual que el resto de seres humanos, de la protección establecida por los Tratados mencionados, en muchos casos dichas normas no se aplicaban, o se aplicaban de manera diferente –desventajosa- para este grupo social. Sumado a ello, hubo grandes deficiencias tanto por parte de los Gobiernos como por parte de los órganos de supervisión de los Tratados, a la hora de supervisar su cumplimiento en relación con las personas con discapacidad. Estas insuficiencias han sido resaltadas a partir de Informes elaborados en el marco de Naciones Unidas, que tuvieron amplia repercusión y resultan de gran interés. Entre otras cuestiones, en dichos informes se llegó a la conclusión de que las personas con discapacidad eran de algún modo “invisibles” dentro del sistema de derechos humanos de la ONU. A diferencia de otros grupos -tales como mujeres y niños y niñas- las personas con discapacidad no contaban con un instrumento jurídicamente vinculante ni con un Comité que velara por la protección de sus derechos de manera expresa. Se contaba, sin embargo, con un instrumento específico sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero que no tenía rango de norma jurídicamente vinculante: las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.

 ¿Cuáles serán las principales consecuencias de la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención para las personas con discapacidad? Las consecuencias son varias y afectarán a diferentes ámbitos. Sin embargo, podría decirse que los principales efectos son los siguientes: - En lo que atañe a la forma de abordar la discapacidad. La aprobación de la Convención deja claro que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Que las personas con discapacidad no son “objeto” de políticas caritativas o asistenciales, sino que son “sujetos” de derechos humanos. Por tanto, las desventajas sociales que sufren no deben eliminarse como consecuencia de la “buena voluntad” de otras personas o de los Gobiernos, sino que deben eliminarse porque dichas desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos. - En lo que atañe a la visibilidad de las personas con discapacidad. La adopción de la Convención será de gran valía para aumentar la visibilidad de las personas con discapacidad, tanto en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, como en la sociedad en general. La existencia de una Convención específica, alentará a que los órganos supervisores de derechos humanos existentes le den importancia a los temas de discapacidad, al revisar el cumplimiento de los gobiernos con otras convenciones principales de derechos humanos. Asimismo, incitará a otros organismos vinculados al sistema de las Naciones Unidas (tales como UNICEF, OMS, UNESCO, OIT y otros) a prestar atención a los asuntos de discapacidad en su respectiva labor Asimismo, la Convención exigirá el establecimiento de sistemas para supervisar exhaustivamente la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Y también el establecimiento de sistemas de cooperación internacional, mediante los cuales los gobiernos, las organizaciones de discapacidad y otros participantes, compartan conocimiento e ideas y trabajen para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. -

 En lo que atañe a las obligaciones por parte de los Estados. La Convención servirá para aclarar las obligaciones por parte de los Estados Parte hacia las personas con discapacidad. Entre ellas, las de realizar las modificaciones legislativas necesarias en el ámbito nacional para implementar sus obligaciones legales derivadas de este nuevo instrumento internacional. - En lo que atañe a las vías de reclamo de derechos. Otra importante consecuencia será la utilidad de una Convención Internacional como herramienta jurídica, a la hora de presentar o iniciar acciones legales o reclamos judiciales. La Convención supone en este ámbito una nueva herramienta judicial, que formará parte del ordenamiento jurídico interno español una vez ratificada. - En lo que atañe a la educación a la sociedad respecto de los derechos de las personas con discapacidad.

 Finalmente, este instrumento tendrá una labor didáctica. Esto incluye, en un primer nivel, la difusión de la Convención como herramienta jurídica y su utilidad en el ámbito del movimiento asociativo –ONG de discapacidad y sus familias- y en el de los derechos humanos –ONG de derechos humanos-. Un segundo nivel sería el nivel de educación para la ciudadanía. Es importante que los currículos educativos incorporen la perspectiva de la discapacidad. En este punto resulta de vital importancia acercar el fenómeno de la discapacidad, y del modo contemplado en la Convención Internacional, a la educación de los niños y niñas y adolescentes. El tercer nivel sería el académico. Esto implica incorporar las consecuencias y derivaciones de la Convención dentro de los diferentes programas de estudios académicos (en especial Derecho, Arquitectura, Ciencias Políticas, Psicología, Urbanismo, entre otros).
 ¿Cuál es el objeto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. (Art. 1).

  ¿Qué se entiende por discapacidad en la Convención? La Convención reconoce que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Preámbulo, inc e). Asimismo, entiende que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Art. 1) De lo mencionado se desprende, por un lado la asunción del modelo social de discapacidad, al asumir que la discapacidad resulta de la interacción con barreras debidas a la actitud y al entorno. Y por otro, que la definición no es cerrada, sino que incluye a las personas mencionadas, lo que no significa que excluya a otras situaciones o personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de los Estados.

 ¿Cuáles son los principios de la Convención? 
Los principios de la Convención son, según el artículo 3: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
 ¿Cuáles son las principales obligaciones que la Convención supone para los Estados Parte?
Los Estados Partes se comprometen a adoptar una serie de medidas para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. (Art. 4) En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. (Art. 4) Asimismo, se establece la obligación de los Estados Parte de recopilar datos y estadísticas, que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la Convención. (Art. 31) Finalmente, los Estados Parte reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, y se encuentran obligados a tomar medidas apropiadas y eficaces a dicho fin. En los casos en que corresponda, lo harán en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. (Art. 2). 

 ¿Qué se entiende en la Convención por discriminación por motivo de discapacidad? 
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación, y, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. (Art. 2) Los ajustes razonables son, según la Convención, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Art. 2)
 ¿Cuáles son los principales derechos que prevé la Convención? -
Igualdad y No Discriminación. Este derecho tiene una aplicación transversal en todos los artículos de la Convención. Se reconoce que las personas con discapacidad son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en los mismos términos que las demás personas. (Art. 5) - Accesibilidad. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en una serie de ámbitos. (Art. 9) - Los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, de los siguientes derechos: • A la vida. (Art. 10) • A la protección ante en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. (Art. 11) • Al igual reconocimiento como persona ante la ley y de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. (Art. 12) • Al acceso a la justicia. (Art. 13) • A la libertad y seguridad de la persona, procurando que no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente; y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad (Art. 14) • A la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (Art. 15) • A la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, tanto en el seno del hogar como fuera de él. (Art. 16). • A la protección de la integridad personal (física y mental). (Art. 17) • A la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad. (Art. 18) • A vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. (Art. 19) • A la movilidad personal con la mayor independencia posible. (Art. 20) • A la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. (Art. 21) • Al respeto de la privacidad y la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. (Art. 22) • Al respeto del hogar y de la familia y a la igualdad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. (Art. 23) • A la educación inclusiva a todos los niveles así como a la enseñanza a lo largo de la vida. (Art. 24) • A gozar del más alto nivel posible de salud. (Art. 25) • A la habilitación y rehabilitación para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. (Art. 26) • A tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. (Art. 28) • A un nivel de vida adecuado y a la protección social, para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida. (Art. 28) • A participar en la vida política y pública. (Art. 29) • A participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. (Art. 30)

 ¿Cómo asume la Convención la situación y protección de los derechos de grupos vulnerables como las mujeres, y los niños y niñas con discapacidad?
 La Convención adopta un doble enfoque a la hora de proteger la situación de las mujeres y la de los niños y niñas con discapacidad. Por un lado, les dedica un artículo específico –para dar visibilidad-, y por otro, adopta una perspectiva de transversalidad a lo largo de toda la Convención. En lo que respecta a la mujeres, se establece una protección específica, a través de la cual se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y que, a ese respecto, se deben adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Art. 6) Y, por otro lado, se llama la atención sobre la perspectiva de género en las siguientes cuestiones: • Reconociendo como principio la igualdad entre el hombre y la mujer (Art. 3 inc. g). • En la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género (Art. 8) • En los casos de explotación, violencia y abusos, y en la promoción de la recuperación, rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de tales abusos se deberá tener en cuenta las necesidades específicas del género; y en las medidas tendentes a asegurar que los casos de explotación, violencia y abusos contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados, se adoptarán legislación y políticas específicas del género. (Art. 16) • En el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, que deberán ser sensibles a las cuestiones de género (Art. 25) • Al garantizar un nivel de vida adecuado y protección social, asegurando el acceso de que las mujeres y las niñas con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. (Art. 28) • Al establecerse las condiciones para ser miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante una representación de género equilibrada entre sus miembros. (Art. 34) En lo que respecta a los niños y niñas, se establece una protección específica, a través de la cual los Estados Partes se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno goce de los niños y niñas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Entre ellos, el derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afectan, opinión que recibirá la debida consideración con arreglo a la edad y madurez de aquéllos, en igualdad de condiciones con los demás, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. (Art. 7) Y, por otro lado, se llama la atención sobre las siguientes cuestiones que afectan más directamente a niñas y niños a lo largo de la Convención: •

Se reconoce como principio el respeto de las capacidades evolutivas de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. (Art. 3 inc. h). • En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan (Art. 4). • Los niños y niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. (Art. 18) • Se garantizará que los niños y niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. Y se asegurará que los niños y niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. (Art. 23) • Al hacer efectivo el derecho a la educación, los Estados Partes asegurarán que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. (Art. 24) • Se asegurará el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. (Art. 28) • Se asegurará que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso con otros niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. (Art. 30)

 ¿Cuáles serán las medidas que se deberán adoptar para aplicar la Convención y velar por su cumplimiento?
 Entre otras medidas, los Estados Partes deberán designar uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención, y considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. (Art. 33)

 ¿Qué mecanismo de supervisión internacional establece la Convención? 
Según la Convención, se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que constará de 12 expertos. (Art. 34) Los Estados Partes deberán presentar al Comité un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate. Posteriormente, los Estados partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite. (Art. 35) El Comité considerará los informes y realizará al Estado Parte las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas. (Art. 36) El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes. (Art. 39)

 ¿Pueden las personas con discapacidad o sus organizaciones representativas presentar una queja o reclamación internacional alegando que en su país se violan sus derechos humanos?
Esta posibilidad sólo existirá para los ciudadanos de Estados Partes que, además de ratificar la Convención, ratifiquen el Protocolo adicional a la Convención. Al ratificar dicho Protocolo Facultativo, el Estado reconocerá la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una vulneración por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. Debe aclararse que la ratificación del Protocolo es facultativa. Es decir, que los Estados Parte pueden sólo ratificar la Convención pero no ratificar el Protocolo. En dicho caso el Comité no tendrá facultad para recibir las comunicaciones individuales. Por ende, el Comité no podrá recibir ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el Protocolo.
Sí, piensas copiar, cita por favor  este enlace.
Atentamente.
Lic. Liliana Marasco Garrido

3 De Diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad-

¿Por qué un Día de las Personas con Discapadidad?

El Día Internacional de las Personas con Discapadidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución Documento PDF
El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, la Nueva Agenda Urbana, y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo.

Lo que significa ser discapacitado

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. 
Las personas con discapacidad, la «minoría más amplia del mundo», suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. 
Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia:
  • Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales 
La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas discapacitadas. 

Una sociedad incluyente

Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Documento PDF reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo «resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad». 
La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención (artículo 9) pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

«Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos»

La Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás». Las personas con discapacidades, como beneficiarios y como agentes de cambio, pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover unas sociedades resilientes para todos, incluidos los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan, las instituciones académicas y el sector privado trabajen en equipo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Propone Coparmex CDMX iniciativa para que por ley los trabajadores presenten cartilla de servicio médico





* Sería una forma de provocar que la gente se cuide, fomentar una cultura del cuidado personal de la salud y así generar un mejor desarrollo humano; en jornada de salud con el Gobierno de la CDMX, el secretario de Salud Armando Ahued destacó la necesidad de influir en los niños
Angel Iturralde 

En el marco de la jornada "Salud para todos" que la COPARMEX CDMX realizó esta mañana en el Monumento a la Revolución conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México, el presidente del Centro Empresarial, Jesús Padilla Zenteno propuso la necesidad de generar una iniciativa de ley que obligue a las empresas y trabajadores para que éstos presenten cíclicamente su cartilla de atención médica como un mecanismo para impulsar el cuidado de la salud.
"Más allá de verlo meramente como un tema económico o de gasto gubernamental, estamos hablando de disfrutar una vida saludable y plena que nos permita desarrollarnos en aspectos profesionales, personales, laborales, familiares y de pareja", destacó el empresario, quien agregó: "implantar una cultura de la prevención en nuestra sociedad requiere un trabajo arduo, una labor que el doctor Armando Ahued Ortega viene desarrollando".
Al tomar la palabra en el evento, el secretario de Salud de la Ciudad de México destacó que el nuevo modelo de salud de la Ciudad de México, llamado "Salud para todos, la Ciudad de la Salud", prioriza la promoción, la prevención y la detección oportuna de enfermedades. 
"El modelo de salud siempre fue un modelo reactivo. Era: te enfermas, te curo. Pues no, ese modelo dejó de ser lo que se requiere porque es obsoleto, muy caro y conlleva un daño irreversible en la población", expresó el doctor Armando Ahued.

Tras agradecer a la COPARMEX CDMX y a sus empresas afiliadas integrarse al programa "El médico en la oficina", realizó un llamado a generar una cultura de la prevención sobre todo en los niños para cambiar el estilo de vida con educación para la salud. 
"La educación es la mejor vacuna para los temas de salud como educar a los niños en higiene bucodental, higiene en general, alimentación, salud sexual y reproductiva, adicciones, cáncer, salud mental, de tal manera que si educamos a esos niños cuando sean niños y si tienen toda esa información, estarán pendientes".
El secretario Ahued Ortega dijo que hoy de cada diez niños en la primaria, siete tiene caries y los de secundaria, todos porque no se les enseña la limpieza bucodental; en el caso de las niñas cada vez sus embarazos son a más temprana edad y hoy las hay de 11 años que ya son madres; o el caso de 7 de cada 10 mujeres con cáncer de mama, ovarios y/o cervicouterino, quienes llegan al médico cuando su enfermedad es irreversible.
Tocó también el tema de las adicciones, donde de acuerdo con la última encuesta de 2016, el consumo de tabaco aumentó el 100 por ciento y el del alcohol más de esa cifra, por lo que hizo un reclamo a los padres de familia "porque un menor de edad consuma tabaco y alcohol, cuando están en fases de crecimiento y desarrollo. De dónde obtienen los recursos para comprar esto, segundo cómo los obtienen su está prohibido que los menores consuman y tercero, pues como papás creo que a nadie nos gustaría que nuestros hijos estén metiéndose drogas legales e ilegales".

Por lo que el funcionario del gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los padres para que "si están fumando o consumiendo alcohol por stress, ansiedad, depresión o problemas emocionales, hay que atenderlos. Tenemos 400 sicólogos, siquiatras, tenemos hospitales de las emociones, pero nos tienen que ayudar los papás".
Jesús Padilla Zenteno, aseguró que desde COPARMEX CDMX "nos sumamos a la propuesta que hace hoy el doctor Ahued de que se debe encaminar la política pública para prevenir las enfermedades crónicas; implantar la cultura de la prevención es una labor titánica en la que los empresarios de la capital debemos tomar partido".
Remarcó que un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dice que se pierden 400 millones de horas de trabajo en enfermedades provocadas por el sobrepeso y la obesidad. "Ahí debemos poner atención. Eso provoca 85 mil millones de pesos que dejamos de producir por faltar al trabajo o a la escuela", reveló.

"La gente sana produce más, la gente sana ayuda más, la gente sana está alegre, propone, construye y es la que provoca que tengamos un México mejor", agregó Padilla Zenteno, tras asegurar que en dos semanas más el programa se llevará a la delegación Gustavo A. Madero y al resto de las delegaciones.
El dirigente empresarial dijo que hoy empezaron en esta plaza pública y seguiremos haciendo una encuesta entre nuestros agremiados para hacer un cronograma, y hacer las solicitudes de servicios muy puntuales y no desgastar el esfuerzo que hace el gobierno de la Ciudad".
Finalmente añadió que todos los colaboradores de las empresas de COPARMEX CDMX tienen seguro social, pero es un tema de cultura. Y acercar los servicios es la mejor forma de crear una cultura.

En esta mega jornada se llevaron diversos servicios preventivos y de atención que ofrece la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública, como son: consulta médica, dental, psicológica, de salud visual, dermatológica, mastografías, citologías vaginales; pruebas de detección de antígeno prostático, VIH-SIDA, glucosa, hemoglobina glucosilada, espirometría, así como medición de peso y talla.
 

La discapacidad en México, datos al 2014





1.   Antecedentes teórico-conceptuales de la identificación de la población con discapacidad o limitación .

En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con esta condición también goza de los mismos derechos que el resto, evitar la discriminación y por la tendencia mundial al envejecimiento, en que puede ocurrir la disminución o perdida de la capacidad visual, auditiva, motriz, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud (2011: xi) “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de disca- pacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se deriven.

Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), en el cual México ha tenido una participación relevante, ya que la propuso, y en el 2007 la firmó y ratificó. Sin embargo, entró en vigor en 2008 a nivel mundial. Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición (OMS, 2016a). Además de que se puede considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas con discapacidad y algunas organizaciones interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los derechos humanos (ONU, s.f.).

Fuente l INEGI

Discapacidad, desastres naturales y situaciones de emergencia


 

La necesidad de incluir a las personas con discapacidad

Diferentes poblaciones pueden sufrir riesgos similares de verse expuestas a los efectos negativos de los desastres ambientales y causados por el hombre, pero su vulnerabilidad real depende de sus condiciones socioeconómicas, su empoderamiento cívico y social y su acceso a recursos de mitigación y socorro. Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto debido a que las medidas de evacuación, respuesta (incluidos los refugios, los campamentos y la distribución de alimentos) y recuperación les resultan inaccesibles.
En los últimos tiempos, la información y los datos disponibles sobre situaciones de crisis revelan que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de quedarse atrás o ser totalmente abandonadas durante una evacuación en caso de desastre y conflicto debido a la falta de preparación y planificación, así como a la inaccesibilidad de las instalaciones y los servicios y de los sistemas de transporte. La mayoría de los refugios y los campamentos de refugiados no son accesibles y, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad son incluso rechazadas en estos lugares porque existe la idea de que necesitan «servicios médicos complejos». La alteración de las redes físicas, sociales, económicas y ambientales y de los sistemas de apoyo afecta mucho más a las personas con discapacidad que a la población general dada su mayor vulnerabilidad. Existe discriminación por motivos de discapacidad cuando escasean los recursos. Además, las necesidades de las personas con discapacidad siguen sin tenerse en cuenta en los planes de recuperación y reconstrucción a largo plazo, con lo que se pierde una nueva oportunidad de garantizar la existencia de medidas que incorporen la discapacidad al hacer frente a desastres futuros.
El terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010 y otras situaciones de emergencia recientes han puesto especialmente de manifiesto las dificultades que afrontan las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. En Haití, se calcula que aproximadamente 200.000 personas vivirán con discapacidad a largo plazo como consecuencia de los daños sufridos. Para garantizar la igualdad y los derechos humanos para todos resulta esencial incorporar la discapacidad en las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia, dando visibilidad a las cuestiones de discapacidad y a las personas con discapacidad en los planes de acción y las políticas nacionales e internacionales.

El marco internacional y jurídico para incluir a las personas con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas se aprobó en diciembre de 2006. La Convención marca un «cambio de paradigma» en las actitudes y los criterios respecto de las personas con discapacidad. Va un paso más allá en el proceso de dejar de considerar a las personas con discapacidad como «objetos» de caridad, tratamiento médico y protección social para considerarlas «sujetos» con derechos, capaces de reclamar esos derechos y de tomar decisiones sobre su vida basadas en su consentimiento libre e informado, además de ser miembros activos de la sociedad.
La Convención está concebida como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todo tipo de discapacidad deben disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se aclara y se especifica que los derechos de todas las categorías son aplicables a las personas con discapacidad y se determinan los ámbitos en que deben introducirse modificaciones para que las personas con discapacidad ejerzan efectivamente sus derechos y los ámbitos en que estos han sido violados, así como en qué aspectos debe fortalecerse la protección de dichos derechos.
En el artículo 11 de la Comisión, relativo a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, se presta especial atención a la obligación de los Estados Partes de adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”. Además, en el artículo 4.1 se afirma que «[l]os Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad», y en el artículo 32 se reconoce la importancia de la cooperación internacional con miras a hacer frente a la capacidad limitada de algunos Estados para responder a situaciones de riesgo y crisis humanitarias.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ofrecen la posibilidad de mejorar la vida de miles de millones de personas de los países más pobres del mundo. Sin embargo, la discapacidad no está incluida actualmente en los indicadores y las metas que ayudan a evaluar y vigilar el cumplimiento de los ODM. Además, las personas con discapacidad están a menudo excluidas de las estrategias nacionales e internacionales de reducción de la pobreza. Los peligros ambientales y los desastres naturales pueden dar lugar al comienzo de muchos tipos de discapacidad, y un entorno inaccesible impide que las personas con discapacidad participen en actividades económicas y sociales. La recuperación humana y ambiental es fundamental para el logro del séptimo Objetivo, a saber, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Los ODM no podrán lograrse sin la inclusión en la sociedad de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.
La reciente resolución aprobada en el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General resalta también la importancia de la accesibilidad en todos los aspectos del desarrollo y la asistencia humanitaria.
En la resolución se exhorta también a los gobiernos a que faciliten la participación de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo, en particular en todas las actividades dirigidas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asegurando que los programas y políticas encaminados, entre otras cosas, a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.

Respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad

Varios estudios revelan que la inclusión de las necesidades y las voces de las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso de gestión de los desastres, y especialmente durante las etapas de planificación y preparación, puede contribuir a reducir de forma significativa la vulnerabilidad de esas personas y aumentar la eficacia de los esfuerzos gubernamentales de respuesta y recuperación. Sin embargo, pese a que en todo el mundo se presta cada vez más atención a la reducción del riesgo de desastres frente a la simple respuesta ante los desastres, la mayoría de los ayuntamientos y otros niveles de gobierno no elaboran planes adecuados para las personas con discapacidad o no incluyen a estas personas en sus actividades de gestión de los desastres. Esta circunstancia provoca graves desigualdades en el acceso a la respuesta inmediata, así como a los recursos de recuperación a largo plazo, para las personas que tenían discapacidad antes del desastre o las que han adquirido una discapacidad como consecuencia de este.
Las actividades de rehabilitación y reconstrucción no solo deben incluir las necesidades de todas las personas y responder a ellas, incluidas las personas con discapacidad, sino que deben contar con la participación de las personas con discapacidad, a fin de garantizar que se respeten sus necesidades y derechos. Las mujeres con discapacidad son un grupo especialmente vulnerable cuyas necesidades deberían incluirse en todas las etapas de las labores de recuperación y reconstrucción.
La Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo colabora con la secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Banco Mundial y otros interesados a fin de recabar la participación de gobiernos, donantes y todos los agentes del desarrollo en los debates sobre la necesidad y los medios de llevar a cabo actividades inclusivas de reducción del riesgo de desastre. En respuesta al terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010, la Alianza Mundial convocó un grupo de trabajo de múltiples interesados para la reconstrucción inclusiva con objeto de garantizar que las actividades de reconstrucción posteriores al terremoto tuvieran en cuenta a las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso y que todas las infraestructuras reconstruidas o de nueva construcción fueran totalmente accesibles y utilizables por las personas con discapacidad. El Grupo de Trabajo tiene una composición diversa, y en él están representados gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad, la sociedad civil, organismos de desarrollo y organismos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo sobre Haití de la Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo ha elaborado una guía práctica titulada «Haiti: Reconstruction for All» en la que se resumen los recursos, los conocimientos y las buenas prácticas disponibles para atender las necesidades de las personas con discapacidad en los ámbitos de las condiciones ambientales y materiales, los medios de subsistencia, el empleo y la protección social, el transporte y las comunicaciones, la educación, la salud y el fomento de la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad, así como cuestiones operativas y de organización.
La guía práctica no se limita únicamente a Haití, sino que en ella se abordan las labores de reconstrucción que incorporan la discapacidad con independencia de cuál sea el desastre o la región en que se haya producido. El objetivo de la guía es estructurar un enfoque más exhaustivo de la gestión de los desastres en que se incluya a las personas con discapacidad en las actividades de reducción del riesgo de desastre y recuperación. En coordinación con la secretaría de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Banco Mundial, la Alianza Mundial para la Discapacidad y el Desarrollo ha realizado una labor activa de difusión de la guía práctica entre los países y los agentes del desarrollo.

Otros recursos


“La Discapacidad sólo Marca UNA Diferencia”, es decir que una persona con discapacidad no es un enfermo, sino alguien que requiere de apoyos específicos para desarrollarse como cualquier otro.

Liliana Marasco Garrido

Discapacidad Termino

Discapacidad Termino

Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad,

Cuadro 1. Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad, 2007-2012 Estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Salud, 2007-2012 con las que se vincula el programa

Estrategia

Líneas de acción


ESTRATEGIA 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades

2.1 Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de una nueva cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes de la salud.


2.4 Reducir la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación 2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal. 2.11 Fortalecer las políticas de atención contra las adicciones causadas por el abuso en el consumo de alcohol, tabaco, y drogas ilegales y médicas no prescritas 2.12 Impulsar una política integral para la prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardio-vascular.


2.14 Impulsar medidas de promoción de una vialidad segura que eviten lesiones no intencionales y discapacidades. 2.15 Reducir la prevalencia de daños a la salud causados por violencia


ESTRATEGIA 3. Situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud

3.3 Impulsar la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de aten- ción médica 3.8 Actualizar el marco jurídico en materia de servicios de atención médica



ESTRATEGIA 5

. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud

5.4 Fortalecer la prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad


ESTRATEGIA 8. Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la información y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integración del sector


8.1. Consolidar un sistema único de información estadística y epidemiológica para la toma de decisiones en materia de salud pública


ESTRATEGIA 9. Fortalecer la investigación y la en- señanza en salud para el desarrollo del conocimien- to y los recursos humanos


9.2 Reorientar la innovación tecnológica y la investigación para la salud hacia los padecimientos emergentes, las enfermedades no transmisibles y las lesiones



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cartilla Nacional de Derechos

En cita mundial de la ONU se observa que pocas naciones ratificaron Convención del grupo vulnerable

Tomada de la edición impresa del 02 de septiembre del 2010

Países revisan leyes sobre discapacidad


FOTO: MIGUEL CASTRO / El Telégrafo

En Guayaquil, Rita León es atendida por los médicos de la Misión Manuela Espejo, una de las acciones del Estado orientadas hacia el respeto de las personas con discapacidad.

DATOS

El encuentro


Esta nueva reunión de los países que forman parte del tratado también servirá para ampliar de 12 a 18 el número de miembros que integran el comité de expertos encargados de supervisar su implementación.

La organización Human Rights Watch (HRW) instó ayer a los países que asisten a este encuentro a abandonar la retórica para centrarse en las estrategias y las actuaciones que benefician de manera tangible a las personas discapacitadas en todo el mundo.

En cita mundial de la ONU se observa que pocas naciones ratificaron Convención del grupo vulnerable

EFE
New York


La ONU (Organización de Naciones Unidas) inauguró ayer en su sede en Nueva York (Estados Unidos) la tercera sesión de la Conferencia de los países parte de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas, que en esta ocasión se centrará en el impacto de conflictos y los desastres naturales en este colectivo.

En sus tres días de sesiones se debatirán los esfuerzos para integrar plenamente a las personas discapacitadas en todos los aspectos de la vida, así como la necesidad de que se les facilite el pleno acceso a la educación.

Noventa países han ratificado hasta la fecha el tratado, que entró en vigor en 2008, mientras que otros 146 únicamente lo han firmado.

Incrementar el número de las ratificaciones es una de las prioridades de esta tercera sesión, según dijo el director general de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad de España, Jaime Alejandre.

"Tenemos que conseguir un mayor número de ratificaciones, aunque de todas maneras vamos muy bien", indicó el responsable español, quien también resaltó la importancia de que en este foro se recuerde a los países parte del tratado la obligación de cumplir los deberes que han asumido.

En ese aspecto, indicó que España ha sido el primer país en presentar el informe obligatorio que exige el tratado y en señalar su disposición a que se sometan a examen las medidas adoptadas para adecuar su legislación al contenido de la Convención.

Alejandre también destacó que la delegación española organizará el jueves la presentación por parte de un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down de una guía sobre cómo sus derechos les han sido y les están siendo vulnerados, y en la que también reivindican ser tratados como cualquier ciudadano.

La Guía "Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus protagonistas" ha sido elaborada por la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, Granada, Jerez, Lleida y Málaga, y patrocinada por Obra Social Caja Madrid.

El jueves también se celebrará una sesión dedicada a analizar la situación de las personas con discapacidad que se ven afectadas por conflictos y catástrofes naturales, como el terremoto en Haití del pasado enero o las inundaciones en Pakistán.

"Los conflictos y los desastres causan un mayor número de discapacidades y, al mismo tiempo, los miembros del grupo son más vulnerables en este tipo de situaciones extremas", explicó el responsable del secretariado de la Convención, Akiko Ito.

Los asistentes a esta sesión discutirán medidas para atender las necesidades de las personas discapacitadas y reducir "la desventaja con la que afrontan situaciones de crisis en las que escasean los recursos", agregó.

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